Opinion-Tergiversación racial/L.A. Ramos

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L.A. Ramos

El país ha sido testigo de dos visitas de carácter militar por parte de EE. UU. en menos de tres meses consecutivos, ambas sin objetivos precisos que se hayan sumado al plan de contingencia nacional vigente frente al riesgo que supone continuamente el desgobierno en Haití.

En cambio y en detrimento de la respuesta de seguridad adoptada por nuestra administración de gobierno,  el Departamento de Estado de Estados Unidos se abalanzó a sentenciar la medida.

Emitiendo un comunicado oficial torcido sobre el tema de las deportaciones de inmigrates ilegales, tergiversando el asunto con un matiz racial al adjudicarles «el color de la piel» a los criterios utilizados por las autoridades migratorios dominicanas.

Es importante señalar que el terrorismo tipificado en Haití por la prensa internacional y  trivializado por las políticas externas con respuestas militares no efectivas,  preside en peligro y amenaza cualquier grupo criminal denunciado recientemente en el país.

El terrorismo de Haití  está generando un doble peso al desafío de la seguridad en   República Dominicana,  si no se controlan las estadísticas  de ese impacto externo en tiempo real, como el caso de la inmigración ilegal, continuarán  proliferando delitos conexos y más crisis.

Intentar minimizar este hecho e ignorarlo de manera consistente, es cosa de adversarios. No es una critica, simplemente se entiende que no es a través de la Comunidad Internacional, ni de actos inamistosos bilaterales, que se garantiza el ejercicio de la soberanía de un país.

El itinerario de hechos externos que desestiman la situación de República Dominicana en relación a la amenaza del extranjero próximo, sumado el cerco de acusaciones sin tregua por parte de Organismos Internacionales y EE. UU. indican que el país está bajo otra forma de agresión.

Resultando contundente que  la responsabilidad de salvaguardar la seguridad del territorio y actuar en conveniencia del Estado dominicano, deben mantenerse en el Presidente y su administración de gobierno,  dentro de los lineamientos  de la Constitución.