Demanda federal contra DeSantis en Florida por enviar migrantes a isla Martha’s Vineyard en Massachusetts 

0
26

@ El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia en  Las Vegas, Nevada.El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia en Las Vegas, Nevada.FOTO: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES

Marielis Acevedo

Miami, Fl.– El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado en un tribunal floridano por el envío de inmigrantes venezolanos desde Texas a una isla de Massachusetts, estado donde ya enfrenta una demanda por ese mismo motivo.

Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, bajo el que se trasladó a casi 50 migrantes -en su mayoría venezolanos- de San Antonio a la isla en septiembre pasado, es inconstitucional

El Southern Poverty Law Center y organizaciones defensoras de los inmigrantes como Florida Inmigration Coalition informaron de que la demanda fue interpuesta en los tribunales federales de Miami este jueves contra el gobernador y el secretario de Transporte de Florida, Jared W. Perdue.

Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, dotado de $12 millones de dólares y bajo el cual se trasladó a casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, de San Antonio (Texas) a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado, es inconstitucional.

Florida está “usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración”, alegan.

La demanda argumenta también que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de “acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional”.

“La Constitución es clara: el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al gobierno federal, no a los estados”, dijo Paul Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, en un comunicado.

“El programa del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar fondos de los contribuyentes para la ‘reubicación’ de ‘extranjeros no autorizados’” es un intento descarado e ilegal de hostigar a los inmigrantes a nivel estatal”, subrayó.

Cuando se conoció el envío de los inmigrantes a Martha’s Vineyard y estalló la polémica, DeSantis defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del Gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de EE.UU. “abiertas” a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.

También dijo que los inmigrantes captados en Texas tras solicitar asilo político en la frontera viajaron a Martha’s Vineyard voluntariamente, pero los que abordaron el vuelo pagado por Florida dijeron ante la justicia de Massachusetts haber sido engañados.

Hasta ahora solo ha habido un vuelo de reubicación, con un coste de más de $1.5 millones de dólares, pero DeSantis prometió gastar los $12 millones que el Congreso de Florida asignó a ese programa.

En la demanda colectiva planteada por una organización pro derechos civiles en los tribunales federales de Massachusetts se acusa a DeSantis y otros funcionarios de Florida de violar los derechos de los inmigrantes con “falsas promesas y tergiversaciones” para que abordasen los vuelos.

El organismo de control del Departamento del Tesoro de EE.UU. investiga, por su parte, si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de COVID-19 para pagar los vuelos.

En Texas, un alguacil abrió una investigación sobre el vuelo desde San Antonio y en Florida el senador estatal demócrata Jason Pizzo planteó una demanda para evitar que DeSantis use más dinero en la reubicación de inmigrantes, pero fue desestimada por motivos técnicos.

El tiempo se acaba: crece presión al Congreso para proteger a ‘dreamers’

El Congreso está bajo presión de alcaldes, defensores de inmigrantes y empresarios para que apruebe alguna legislación que proteja a los ‘dreamers’ de la deportación ante los retos que el programa DACA enfrenta en tribunales, lo que llevaría al fin de la protección migratorias de estas personas

EFE

Los defensores de una legislación que proteja de forma permanente en Estados Unidos a los llamados “dreamers” (soñadores), beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), han intensificado su presión para que el Congreso la apruebe antes de final de año.

“Es hora de acabar con la fragilidad que afecta a las vidas de los soñadores“, apuntó en conferencia de prensa telefónica Gregory Haile, presidente de la Universidad pública Broward College de Florida, según el cual esos jóvenes fortalecen las clases del país y su mercado laboral.

Los partidarios de ese programa exigen una protección permanente en esta sesión legislativa posterior a las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre, tras las que los demócratas conservarán a partir de enero el control del Senado pero los republicanos recuperarán la mayoría en la Cámara de Representantes.

“Hacerlo es lo correcto. Los ‘dreamers’ llegaron de media a los cinco o seis años de edad”, añadió el presidente y consejero delegado de la Asociación Empresarial de Texas, Glenn Hamer, en ese encuentro telemático impulsado por la ONG Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration.

El programa DACA ha ofrecido permiso laboral y protección frente a la deportación a unos 830.000 migrantes que llegaron a Estados Unidos de niños.

Un juez federal de Texas decidió el pasado 14 de octubre mantenerlo por el momento, pero prohibió expedir nuevas solicitudes tras haber declarado ilegal este amparo

El Departamento de Seguridad Nacional emitió después una “regla final” que permite la recepción de nuevas peticiones, pero no se pueden procesar mientras siga el litigio.

De ahí el reclamo de alcanzar antes de la siguiente legislatura, en la que el poder del Congreso estará dividido entre demócratas y republicanos, una solución bipartidista que proteja a los “dreamers” o una reforma que retome el proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano 2021, aprobado ya por la Cámara de Representantes y pendiente en el Senado.

“A menos que el Congreso actúe en las próximas tres semanas para proteger a los beneficiarios de DACA, DACA podría terminar tan pronto como el próximo año. Un promedio de 1.000 beneficiarios perderían sus trabajos y su derecho legal a trabajar cada semana”, dijo este lunes el senador demócrata Dick Durbin.

Durbin es titular de la Comisión Judicial del Senado e impulsor, en 2001, del proyecto “Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros”, más conocido como “Dream Act” o Ley del Sueño.

“Necesitamos menos postureo político y más compromiso y determinación. Deberíamos empezar ya en esta sesión para proteger a los soñadores, por su futuro y por el nuestro”, dijo el legislador.

Y advirtió que entre los “dreamers” que podrían ser deportados, si no se mejora la situación, hay enfermeras, profesores, ingenieros o policías.